El derecho a la consulta de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas es uno de los grandes pendientes del Estado mexicano. Estas poblaciones han sido excluidas históricamente de las decisiones sobre leyes, programas, políticas públicas o grandes proyectos de inversión que las afectan por la falta desarrollo legislativo de este derecho de participación colectiva, lo que además constituye una forma de discriminación en contra de estos grupos humanos.