Esta Guía está dirigida a las autoridades de las entidades federativas, dada su obligación constitucional de combatir la discriminación, y presenta criterios orientadores derivados de los estándares de derechos humanos, así como recomendaciones prácticas en materia de procesos de formulación de programas estatales de igualdad y no discriminación. Igualmente, la sociedad civil y otros actores políticos y sociales pueden aprovechar las recomendaciones de la Guía para promover su participación en el proceso de planeación.