La discriminación es un problema de gran importancia en México porque está enraizado en la estructura social, levanta obstáculos para que todas las personas ejerzan plenamente sus derechos y genera desigualdades que impiden el desarrollo, debilitan la cohesión social y deterioran la vida democrática del país. Combatir y eliminar la discriminación es un objetivo de política que tiene valor por sí mismo, porque es una obligación ética, legal y política para el avance de la igualdad. Pero, además, eliminar la discriminación también contribuye a resolver otros problemas públicos, como la marginación, la pobreza, la exclusión social y la debilitación del tejido social. El Gobierno de México reconoce que el principal responsable de combatir la discriminación es, sin duda, el Estado. Por eso plantea una estrategia transversal, sostenida y coordinada para combatirla. Esta estrategia está plasmada en el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación (Pronaind) 2021-2024, que es un programa especial, obligatorio para la Administración Pública Federal (APF), en el que participan también los poderes públicos y niveles de gobierno, así como las personas titulares de derechos.