El abordaje de la discriminación estructural desde un enfoque conceptual de derechos pone en el corazón del problema público a las personas como sujetos de derechos, quienes deben ostentar facultades reales para ejercerlos y el poder jurídico y social para exigir al Estado el cumplimiento de todos los derechos fundamentales; además, esta perspectiva permite fundamentar el análisis y las propuestas de política pública en obligaciones específicas para los Estados.