Las prácticas de perfilamiento racial han servido para restringir los derechos de las personas migrantes, refugiadas y connacionales, especialmente
aquellas que pertenecen a grupos y comunidades afrodescendientes o indígenas. Estos sectores han sido objeto de detenciones arbitrarias y violaciones
a sus libertades, únicamente por su apariencia. Las desigualdades de trato que se originan en estereotipos y prejuicios están prohibidas por nuestras leyes y por el derecho internacional.